El diputado nacional Esteban Paulón advirtió sobre una posible “operatoria irregular” en la entrega de préstamos hipotecarios por parte del Banco de la Nación Argentina y pidió acceso a la información para investigar si hubo delitos.
El diputado nacional Esteban Paulón se refirió al escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios públicos y advirtió sobre posibles irregularidades, cuestionando tanto la ética del Gobierno como el destino de los recursos estatales.
Según explicó en diálogo con David Cufré en De haberlo sabido por Radio 750, la información salió a la luz a partir de una herramienta digital desarrollada por el especialista en visualización de datos Andrés Sikosky, que permite consultar de manera pública las deudas bancarias de funcionarios. “Es información oficial que está compilada en un aplicativo donde uno puede ver qué créditos tienen en todo el sistema financiero”, detalló.
A partir de ese relevamiento, Paulón señaló que comenzaron a detectar “una cantidad importante de funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza que acceden a créditos hipotecarios de montos muy elevados”, incluso por encima de lo que permitirían sus ingresos declarados.
“El dato es llamativo: cuando se analizan los 50 créditos más altos, el 90% fueron otorgados a funcionarios o referentes de La Libertad Avanza”, afirmó. Según precisó, los montos van desde los 200.000 hasta los 400.000 dólares, e incluso mencionó casos cercanos a los 500.000 dólares, muy por encima del promedio de aproximadamente 80.000 dólares que otorga el banco en esa línea.
Para el legislador, el reciente despido del jefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello, Leandro Massaccesi, tras conocerse su acceso a uno de estos créditos, “es un reconocimiento implícito de que hubo una operatoria irregular”.
Paulón fue más allá y cuestionó el criterio en la asignación de estos préstamos: “En un contexto donde el Banco Nación debería estar orientando el crédito hacia la vivienda, las pymes y la producción, termina priorizando que funcionarios accedan a condiciones privilegiadas para adquirir propiedades de altísimo valor”.
En ese sentido, advirtió que el caso abre una doble discusión: “Por un lado, una cuestión ética, porque contradice el discurso de austeridad del Gobierno. Y por otro, una posible dimensión penal”.
Finalmente, confirmó que ya se realizó un pedido de acceso a la información pública tanto al Banco Nación como al Banco Central, con el objetivo de analizar en detalle los créditos otorgados y determinar si existió algún tipo de delito.
// pagina12