El proyecto de Ley busca impedir que personas condenadas por delitos graves o registradas como violentas accedan a contratos con el Estado chaqueño.
El proyecto de Ley presentado por Juan José Bergia establece que no podrán ser proveedores, contratistas ni prestadores del sector público provincial aquellas personas físicas o jurídicas incluidas en el Registro Único de Personas Violentas (RUPV), o que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro, corrupción o crímenes de lesa humanidad.
«No alcanza con exigir transparencia e idoneidad a quienes ejercen cargos públicos; también debemos velar por la integridad de quienes contratan con el Estado, gestionan fondos públicos o prestan servicios a la comunidad con financiamiento estatal», argumentó Bergia en los fundamentos del proyecto.
La exclusión, en el caso de personas con antecedentes penales, se extenderá por un plazo de ocho años desde el cumplimiento de la pena. Además, si el contratista es una empresa, se evaluará la situación judicial de los socios o integrantes de su directorio que tengan más del 20% del capital.
El proyecto establece como condición obligatoria para inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado la presentación de un certificado de antecedentes penales y constancia del RUPV. La autoridad de aplicación será la Contaduría General de la Provincia, sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Infraestructura en materia de contrataciones.
«No puede ser parte del circuito de contrataciones del Estado quien ha ejercido violencia. No es solo un criterio jurídico; es un límite moral», enfatizó el legislador.
Según detalló, la intención es elevar el estándar ético de quienes se vinculan con el Estado: «Estas exclusiones no buscan replicar penas, sino establecer un estándar de integridad mínimo para vincularse con el Estado».
Bergia también hizo referencia al debate sobre la Ficha Limpia y sostuvo: «Si vamos a pedir integridad para quienes asumen funciones públicas, también debemos exigirla para quienes celebran contratos con el Estado y se benefician de recursos públicos».
La norma se presenta como complementaria de las leyes 1195-A y 487-A, y convoca a los municipios chaqueños a adherirse para generar una política uniforme de transparencia en toda la provincia.