En medio de versiones cruzadas y acusaciones públicas, el debate por el cierre de los comercios a las 19 horas durante los días 24 y 31 de diciembre tuvo un trasfondo que, hasta ahora, no había sido explicitado con claridad.
El punto central del conflicto no fue el horario en sí, sino el contenido del proyecto de ordenanza impulsado por un concejal, cuyo artículo 2 establecía sanciones económicas de una magnitud inédita para el sector comercial local. Dicho artículo fijaba una multa equivalente a 1.000 litros de combustible, lo que, a valores actuales, representa más de un millón de pesos por infracción.
Este aspecto fue determinante para que la mayoría de los concejales decidiera no acompañar la iniciativa, al considerar que el esquema sancionatorio resultaba desproporcionado y perjudicial para los comerciantes, especialmente para pequeños y medianos negocios que ya enfrentan un contexto económico complejo.
Lejos de desentenderse de la situación laboral de los empleados de comercio, el Concejo Deliberante planteó una alternativa: solicitar que la Cámara de Comercio, el Centro de Empleados de Comercio y el Ejecutivo Municipal formalicen por escrito un convenio, dejando constancia de un acuerdo consensuado entre empleadores y trabajadores respecto al horario de cierre en esas fechas especiales.
Desde el ámbito legislativo se recordó además que hasta el año 2024 el Concejo siempre acompañó las medidas impulsadas a partir de acuerdos y consensos previos entre los sectores involucrados. En ese sentido, se explicó que primero existieron entendimientos entre empleadores y trabajadores, y luego el Concejo Deliberante acompañó dichas decisiones, invitando al resto de los comercios a adherir de manera voluntaria, sin avanzar en ordenanzas con sanciones económicas de gran impacto.
Asimismo, se remarcó que nunca se avanzó en una regulación municipal que estableciera multas millonarias, como la propuesta en esta oportunidad, motivo por el cual el proyecto no obtuvo el respaldo necesario.
En ese marco, se adjunta copia tanto del proyecto de ordenanza original como del reciente acuerdo alcanzado entre las partes, el cual será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para el miércoles, donde se espera que el tema sea abordado con la documentación respaldatoria correspondiente.
De este modo, el eje del debate queda expuesto: no se trató de una negativa al derecho al descanso ni a la protección del trabajador, sino de evitar una normativa municipal con sanciones excesivas, priorizando el consenso, el diálogo y los acuerdos entre los sectores involucrados.