Este lunes, el presidente Javier Milei firmó un decreto mediante el cual vetó en su totalidad tres leyes sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio. Las normativas vetadas incluían:
Aumentos automáticos en las jubilaciones y subas en los bonos otorgados a los jubilados.
La prórroga de la moratoria previsional por dos años, que permitía a personas sin los aportes necesarios acceder a una jubilación.
La declaración de emergencia en materia de discapacidad, con el objetivo de fortalecer políticas públicas para ese sector vulnerable.
Según los fundamentos del Ejecutivo, la implementación de estas leyes implicaría un costo fiscal de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, lo que representaría un 0,90 % y 1,68 % del PBI respectivamente.
El decreto sostiene que ese nivel de gasto “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” del gobierno y pondría en riesgo el “equilibrio fiscal innegociable” que sostiene la gestión de Milei como uno de sus principales pilares.
La decisión generó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos y sociales, especialmente aquellos vinculados a los jubilados y personas con discapacidad, quienes habían impulsado fuertemente estas leyes por su impacto social.
Con esta medida, el Ejecutivo reafirma su postura de no comprometer el ajuste fiscal, incluso ante demandas sociales y parlamentarias que habían logrado un amplio respaldo en ambas cámaras.