Una nueva controversia se instaló en el Concejo Municipal de Villa Ángela tras detectarse irregularidades —o al menos, contradicciones— en la adquisición de camiones con bateas por parte del Ejecutivo local. La discusión se centra en el mecanismo de compra: mientras la Ordenanza N° 5630, sancionada en octubre de 2024, autorizaba expresamente la compra directa, todo parece indicar que los vehículos fueron adquiridos mediante un contrato de leasing con el Banco del Chaco, tal como sugiere el logo visible en las bateas.
Ante esta situación, el Concejo aprobó este miércoles un pedido de informe dirigido al Intendente Municipal, con el objetivo de esclarecer el procedimiento utilizado. En el documento se solicita confirmar si los camiones fueron efectivamente adquiridos por compra directa, o si, en su defecto, se recurrió al leasing, lo cual no fue autorizado por el cuerpo deliberativo.
Desde el oficialismo minimizaron la situación, argumentando que se trataría “de una simple calcomanía, como se podría colocar cualquier otra”, e insistieron en que los camiones fueron comprados conforme a lo aprobado. Sin embargo, esta explicación no convenció a la oposición ni a buena parte de la comunidad, que exige transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Una diferencia que no es menor
El mecanismo mediante el cual se realiza una adquisición no es un detalle administrativo: implica distintas condiciones financieras, obligaciones y modalidades de pago. El leasing, por ejemplo, supone una cesión de uso con opción a compra y genera una relación contractual con una entidad bancaria que debe ser evaluada y autorizada. En este caso, nunca fue contemplado ni aprobado por el Concejo, lo que representa una posible violación del procedimiento legal establecido.
El asunto genera preocupación porque pone en tela de juicio la transparencia con la que se manejan las decisiones financieras del municipio. ¿Por qué se colocó el logo del Banco del Chaco si no existe contrato de leasing? ¿Se firmó un acuerdo sin pasar por el Concejo? ¿O se intenta justificar una operatoria irregular?
Una semana clave para el Ejecutivo
Se espera que en los próximos días, desde el Ejecutivo se emita un comunicado oficial que aclare la situación. Será fundamental conocer si efectivamente se cumplió con lo dispuesto por la Ordenanza N° 5630 o si, por el contrario, se avanzó en una modalidad no autorizada, lo cual abriría la puerta a responsabilidades políticas y administrativas.
La comunidad villangelense merece saber con certeza cómo se invierten los recursos del Estado. No se trata solo de bateas o calcomanías, sino de respetar las normas, ejercer el control institucional y garantizar una gestión pública que sea, además de eficiente, legal y transparente.
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