Una investigación iniciada por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Martín Amad, tras una denuncia de entrega irregular de tierras fiscales en Chaco escaló hasta involucrar al exgobernador provincial.
La pesquisa, que comenzó en abril del año pasado, revela una trama compleja donde empresas como Grupo Pampa Agro y Aeronorte Fideicomiso, entre otras, habrían obtenido tierras de manera sospechosa.
Lo más llamativo para la justicia es la conexión entre los integrantes de estas firmas y funcionarios clave del gobierno provincial, específicamente en áreas estratégicas como el manejo de tierras.
Las investigaciones apuntan a un posible esquema de lavado de activos, donde individuos sin aparente capacidad económica manejaban sumas millonarias de dinero provenientes de la adjudicación irregular de estas tierras fiscales.
Este requerimiento, a raíz de una denuncia presentada contra Ana María Canata, quien preside el Instituto de Colonización, da inicio formal a la investigación penal, buscando esclarecer los hechos denunciados y determinar si existieron irregularidades o actos ilícitos.
La instrucción judicial permitirá la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el análisis de la documentación relevante para determinar la veracidad de la denuncia y, en caso de corresponder, avanzar con las acciones legales pertinentes.
La jueza a cargo del caso, doctora María Belén López Macé, analiza ahora la información recabada para determinar los próximos pasos legales.
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